El sistema judicial y el gobierno  estadounidenses se desdicen una y otra vez en un indescifrable “cantinfleo” más parecido a los enredos lingüísticos que inmortalizaran al inolvidable comediante mexicano, Mario Moreno (Cantinflas). El único propósito de estos galimatías es mantener a “sus” terroristas en la calle mientras persisten el arbitrario encarcelamiento de Los Cinco.

Términos como “cambio de sede”, “juicio justo” o “lucha contra el terrorismo” parecen tener sentido cuando así lo disponen los intereses políticos del momento. Esa es la única conclusión posible tras observar qué ocurre con los procesos judiciales que involucran a Jeffrey K. Skilling, ex presidente de ENRON y al ex agente de la CIA, Luis Posada Carriles; frente a cómo se han desarrollado los diferentes episodios del juicio y posteriores apelaciones de René González, Antonio Guerrero, Fernando González, Ramon Labañino y Gerardo Hernández.

 Donde dije digo…

 En una decisión sumamente interesante la Corte Suprema de los Estados Unidos revisará los estándares vigentes sobre el cambio de sede para un acusado enjuiciado en una ciudad donde existe un ambiente hostil y prejuiciado. La determinación es consecuencia, no de que haya recordado la existencia de los héroes cubanos, sino que la Corte aceptó atender la apelación presentada por Jeffrey K. Skilling, ex titular de la trasnacional ENRON.

 El ejecutivo alega que su condena a 24 años y cuatro meses de prisión, más una multa de 45 millones de dólares, fue el resultado de un proceso contaminado por “publicidad inflamatoria y omnipresente” por parte de los medios de comunicación.

 Skilling, para muchos el chivo expiatorio de uno de los fraudes corporativos más sonados de la historia, considera que no tuvo un juicio justo porque este se desarrolló en Houston, Texas, la misma ciudad donde reside la mayoría de los 20 mil empleados que perdieron sus empleos tras la quiebra de ENRON.

Recuérdese que el año pasado contradictoramente la Corte Suprema se hizo de la vista gorda cuando el equipo de defensa de Los Cinco presentó su apelación con el argumento central de que René, Antonio, Fernando, Ramon y Gerardo fueron víctimas del ambiente similar en Miami.

 O sea que Corte Suprema tiene una noción tan flexible de lo que significa garantizarle un juicio imparcial a los acusados que le acepta la apelación a un “prominente” ex ejecutivo de una empresa líder en la financiación a puesto claves de varias administraciones; pero no se la concede a cinco cubanos cuyo único delito era velar por la seguridad de Cuba y los Estados Unidos.

 Tsunami solidario

Mientras tanto la rama ejecutiva trata de mirar hacia otro lado para no ver el tsunami que se le viene encima en la forma de 20 mil tarjetas enviadas por correo a la Casa Blanca con un solo reclamo a Obama: que haga valer las prerrogativas constitucionales a su disposición y retire los cargos contra los Cinco solucionando así, de una vez y por todas, un asunto que enturbia seriamente las relaciones entre ambos países.

 Hasta el momento desde diversos lugares de los Estados Unidos, entre ellos Florida, Kentucky, Massachussets, Minnesota, New York, Oregon, Texas, Washington DC, Wisconsin, así como de ciudades del norte y sur de California ya se están enviando las primeras tarjetas.

 Ya se sumaron a la iniciativa comités de solidaridad con Los Cinco de Alemania, Argentina, Belice, Bolivia, Canadá, Chile,  Colombia, Cuba, El Líbano, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Irlanda, México, Perú, Puerto Rico, Suecia, Suiza, Uruguay y Venezuela.

 El silencio es el único recurso de Washington ante su incapacidad manifiesta para mostrar una política coherente en materia de lucha contra el terrorismo. No ya por sus controvertidas estrategias en las montañas de Afganistán o el desierto yemení, sino por su desempeño en las refrigeradas salas de sus propios tribunales.

Si los fiscales han sido sumamente diligentes en mantener en prisión a cinco cubanos cuyo único propósito en aquel país era prevenir eventuales ataques terroristas que habrían costado la vida a ciudadanos cubanos y estadounidenses; raya en el ridículo la incompetencia del Departamento de Justicia para poner tras las rejas a uno de los peores asesinos de la historia reciente del hemisferio.

 ¿La mentira genera adicción?

 Y es que en otro más de sus malabaresco movimiento, Luis Posada Carriles se las sigue arreglando para mantener su juicio por fraude migratorio en el ritmo y términos más cómodos para hacerlo interminable; poniendo de paso, cada vez más en duda la determinación de la administración Obama de luchar contra el terrorismo.

Desde luego no estarían así las cosas de no ser por la “conveniente” ayuda de sus ¿acusadores? o sea el mismísimo gobierno, cuyo mayor preocupación es mantener ocultos los vínculos del Bin Laden americano con la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Como zorro viejo en los menesteres de enviar mensajes cifrados Posada esgrime ahora el argumento de que mintió a los oficiales de inmigración porque estaba “confundido, equivocado y sufría de falta de memoria”  por culpa de los muchos años en que estuvo al servicio de la CIA.

 Antes Posada había echado mano a toda clase de tecnicismo léxicos para decir que no mintió en su solicitud de ingreso al país y que tampoco negó haber participado en la conspiración para hacer estallar bombas en La Habana en 1997, una de las cuales mató al joven Fabio Di Celmo en el bar del Hotel Copacabana.

 Como esta jugarreta no tuvo los resultados esperados ahora el terrorista le está diciendo al gobierno: “cómo mismo miento, la confusión puede hacer que se me suelte la lengua y comience a hablar de lo mucho que tiene que ver la CIA en mi amplio historial de acciones violentas contra Cuba”.

 Washington tomó nota rápidamente y continúa haciendo todo lo posible para mantener bajo siete llaves el secreto de la décadas en que Posada fue el agente estrella de la CIA para atentar contra Cuba.

 Curiosamente emplean el socorrido argumento del peligro que correría la “seguridad nacional” si salieran a la luz dichos vínculos; el mismo que arguyeron para alejar de los ojos del equipo de defensores de Los Cinco, miles de documentos supuestamente probatorios de la culpabilidad de los luchadores antiterroristas cubanos.

 Nada, que entre el cantifleo legal de los terroristas, la inoperancia cómplice de los fiscales para hacer verdadera justicia y la “flexibilidad” en la interpretación de los hechos que padecen los jueces, como diríamos si contáramos una film policíaco  de quinta categoría: los buenos siguen presos y los malos toman martinis en sus casas.

4 de febrero del 2010